Seguridad alimentaria pertinente para los colombianos

Colombia tiene un atraso de casi medio siglo en sistemas de aseguramiento de la seguridad alimentaria de su población, siendo entonces obligación de las instituciones del estado tales como el ministerio de salud y sus entidades descentralizadas, que apoyada de 18 universidades que cuentan con programas de formación en ingeniería de alimentos y nutrición, así como grupos de investigación que abordan los fenómenos de la salud pública, la calidad nutricional y seguridad de los alimentos que se consumen en el país.

También es responsabilidad el observatorio de seguridad alimentaria OSAN deben construir e implementar una política pública pertinente para el aseguramiento, disponibilidad, calidad, acceso e inocuidad de los alimentos que consumimos todos los colombianos en el territorio nacional.

A pesar de que existen muchos esfuerzos públicos y privados para garantizar la seguridad alimentaria en Colombia, la corrupción y las malas prácticas han permeado a tal punto que darle comida a la población en condición de vulnerabilidad se ha vuelto un gran negocio.

Tal es el caso del programa PAE (programa de alimentación escolar), el cual ha sido una papa caliente tanto en su garantía de operación como en la transparencia en el uso de los recursos financieros que desde el ministerio de educación son entregados a las entidades territoriales. Se han detectado graves errores tales como:

• Contratación paralela.


• Desvío de fondos por parte de las entidades territoriales (varias gobernaciones no aceptaron dineros del ministerio pero ejecutaron a libre albedrío recursos para sus propios programas generando desarticulación con políticas públicas).


• Procesos de contratación a dedo pagando favores políticos.


• Alimentos que nunca llegan o que son entregados en deficientes condiciones de calidad favoreciendo las enfermedades  transmitidas por alimentos.


• Incremento de precios de manera artificial en los productos que son ofertados en las minutas favoreciendo el incremento de las ganancias de los operadores del programa.


• Procesos de interventoría amañados, adelantado por profesionales no idóneos, sin la formación y experiencia para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos que se entregan a la población.

Ha sido tanto el desorden que el mismo ministerio de educación en su afán de tapar todo un escenario de flujo de recursos del fisco nacional hacia los privados expide el decreto 1852 de 2015 en el cual estipula que el programa PAE será financiado en una bolsa común con recursos  transferidos por el ministerio, el sistema general de participaciones, regalías y los que sean asignados para este fin cada una de las entidades territoriales certificadas.

La expedición de un decreto el cual no ataca los problemas de fondo expuestos no garantizará la seguridad alimentaria de todos los colombianos, ni mucho menos acabará con la mafia que está detrás del suministro de alimentos a la población más vulnerable del país, los cuales solo entregan comida para llenar el estómago sin ningún criterio técnico y científico, generando lucro con precios especulativos basados en la usura.

La seguridad alimentaria de los colombianos, una propuesta desde la visión de los ingenieros y los profesionales dedicados a la ciencia y la tecnología alimentaria:

Algunas propuestas que podrían ser de gran ayuda para darle un giro radical a este tipo de programas de carácter asistencial, que impactan a toda la sociedad colombiana y que espero sean bien tomados de su parte en su honorable gestión como senadora serían las siguientes:

1. Mientras en el mundo se habla de observatorios de nutrición y salud pública como el mejor modelo para atender la seguridad alimentaria de los ciudadanos, disminuir las cargas en salud pública asociadas a las enfermedades transmitidas por alimentos y disminuir los costos de tratamientos médicos de enfermedades de alto costo asociadas a la inadecuada nutrición (diabetes mellitus, obesidad, episodios cerebro vasculares), en Colombia seguimos con el esquema de contratación, abastecimiento y entrega de alimentos estándar indistinto de las necesidades y requerimientos tanto nutricionales como de salud particulares de nuestra población, incumpliendo así con todos los mandatos de la seguridad alimentaria definidos por la OMS y la FAO (seguridad, acceso, disponibilidad y calidad).Toda escuela y colegio tanto público como privado como también los centros de atención al adulto mayor deberían ser observatorios de nutrición y salud pública en el cual obligatoriamente se adelanten las siguientes acciones:A-Acciones de promoción y educación en hábitos de vida y consumo saludable de alimentos con enfoque en la prevención: Ya se cuenta con la ley 1355 de 2009 (ley de la obesidad) para que esta primera acción se cumpla, pero, infortunadamente no ha sido reglamentada afectando la calidad de vida todos nuestros niños y con nefastas consecuencias para los próximos años.B-Sistemas de información y logística de abastecimiento de alimentos con la robustez suficiente que permitan conocer en tiempo real el estado nutricional de niños, mujeres gestantes y población adulta mayor en cada escuela, colegio y centro de atención al adulto mayor o de recuperación nutricional. De esta forma el modelo actual de contratación de operadores cambiaría de la entrega de comida para llenar el estómago hacía la eficacia bajo el modelo de pago por desempeño nutricional de cada centro que le sea asignado a los mismos.
   Este nuevo estándar le exigiría tanto al operador como a las entidades contratantes contar con unos procesos y capacidad instalada que les permita como mínimo:

• Hacer una evaluación preliminar del estado nutricional de todos los usuarios del servicio de alimentación.


• Levantar los requerimientos en nutrientes que se requieren específicamente para cada centro, persona y grupo de usuarios con patologías y enfermedades asociadas al metabolismo (celiaquía, alergias alimentarias, diabetes infantil, anorexia, fenilcetonuria, síndrome de Prader willi) o con condiciones médicas especiales hereditarias o no (lupus, autismo entre otras); generar y robustecer una sola historia clínica con todos los estándares de seguridad y privacidad la cual sería un insumo base para las actividades de medicina preventiva y tratamientos en medicina correctiva por parte del ministerio de salud.


• A partir de los requerimientos en nutrientes diseñar las minutas con los alimentos más recomendados para mejorar el estado nutricional de los usuarios del servicio de alimentación (algo que ya se conoce como dietoterapia o ingeniería de nutrición). Por estas minutas se haría un pago base al operador el cual debe garantizar no solo la entrega de las mismas, también debe garantizar que las entrega con calidad tanto microbiológica como fisicoquímica aptas para su consumo y con la logística que se requiere (cosa que no está sucediendo actualmente),


• Hacer monitoreo periódico del estado nutricional de los usuarios. Si hay mejoras significativas comprobadas en los usuarios que reciben los alimentos se haría un pago incremental por desempeño, de esta forma tendremos recursos públicos bien invertidos en niños y jóvenes con un adecuado desarrollo físiológico y cerebral.Actualmente existen mecanismos para el desarrollo de sistemas de información. Programas como el de Mintic que entrega becas a estudiantes en desarrollo de software en el cual se les obliga como parte de la condonación de la deuda el desarrollo de aplicaciones que sean de interés público sería una buena oportunidad para el desarrollo de sistemas de información que apoyen dichos observatorios de nutrición.C.Igualmente es necesaria una reforma a los programas relacionados con la ingeniería agroindustrial, de alimentos y afines para que se fomente desde la formación universitaria y previo a la obtención del título profesional la práctica social con enfoque en desarrollo de investigación o proyectos que fortalezcan eslabones débiles que ya están diagnósticados en el OSAN (sistemas de gestión de calidad, infraestructura, diseño de alimentos, sistemas logísticos y de abastecimiento de alimentos). Es claro que la investigación que se desarrolla en materia de seguridad alimentaria en el país no es pertinente; tampoco aborda ni propone sistemas de aseguramiento de alimentos en función a los planes de ordenamiento territorial, urbanismo y de generación de infraestructura que garantice el acceso a una oferta decente de alimentos sin afectar la economía.

Tal es el ejemplo de ciudades como Medellín, que a pesar de su enorme desarrollo tanto en ladrillo como en cemento y que la inversión en programas de atención nutricional llega a los $130.000 millones al año, tiene un 30% de su población mal nutrida. Medellín es una ciudad que favoreció la construcción de edificios de gran altura en sitios que no cumplen con criterios geológicos para este tipo de proyectos y no planeó espacios e infraestructura pertinente para la producción, y abastecimiento de alimentos que abaraten los costos mediante el fortalecimiento de las redes de producción y comercio local. Esto ha generado que su población sea presa de la compra de alimentos por fuera de su región con altos costos, que dependen del dólar y condiciones climáticas. Incluso, la famosa bandeja paisa ya no se hace con ingredientes producidos en Antioquia (fríjol chino, maíz argentino, arroz ecuatoriano, carne de cerdo de Estados Unidos).

Por otro lado el desperdicio de alimentos en la ciudad sobrepasa las 110.000 toneladas al año según el banco de alimentos, cantidad suficiente que podría ser transformada y distribuida para alimentar a gran parte de la población siempre y cuando esta infraestructura exista.

Desde nuestro colectivo hemos pensado que una infraestructura ideal para asegurar la seguridad alimentaria de cualquier población debería asemejarse a una red de negocios, en donde interactúan espacios físicos, proveedores, transformadores, distribuidores, comercializadores e instituciones de soporte, tal como se muestra en la siguiente gráfica (pulse para ampliar):

 

D- Mejores sistemas de evaluación, control y veeduría ciudadana sobre los modelos de contratación.
En estos momentos las entidades encargadas de la selección de dichos operadores sacan manuales de contratación a puerta cerrada, favoreciendo el clientelismo, la corrupción y la competencia desleal, sin informar a los interesados y mucho menos teniendo en cuenta las recomendaciones de los beneficiarios. Esto debe cambiar. Considero que que esta información al ser de carácter público pues compromete los impuestos que todos los colombianos pagamos deberían estar visibles a todo el mundo.

E- Estímulos a la investigación, la promoción y fomento del emprendimiento social que facilite el desarrollo y acceso de alimentos de bajo costo para la población más vulnerable, especialmente en el campo.
En Colombia somos según el ministerio de educación cerca de 11.000 profesionales universitarios que formados en las ciencias y la ingeniería agroalimentaria tenemos el deber de asegurar más y mejores alimentos para todos. Ese capital social no se puede desperdiciar.

Tanto yo como los demás colegas profesionales del sector de alimentos que nos desempeñamos tanto el sector público como privado, ponemos nuestros conocimientos y servicios de manera directa o indirecta a las comunidades, indistinto de su condición social o económica. Considero que así como hay recursos para la innovación dura, la promoción del comercio, el fortalecimiento de la industria privada, deben existir igualmente recursos para el estímulo y desarrollo de la empresa social, que basada en la ciencia, la tecnología y el conocimiento solucionan los problemas del hambre y la salud pública con bienes y servicios que construyan valor y patrimonio público bajo el criterio de sostenibilidad y equidad.